Costa Rica

La Asamblea Legislativa saliente cerró su período con una polémica ausencia masiva de diputados oficialistas y aliados, impidiendo la votación de una sanción ética contra Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual. Esta acción, percibida como un pacto de impunidad, generó fuertes críticas y dejó en evidencia la polarización política, además de sabotear la aprobación de proyectos de ley importantes para el país. La situación resalta la fragilidad de la ética política y la capacidad de ciertos bloques para obstaculizar el funcionamiento legislativo en favor de intereses particulares.

La falta de quórum en la última sesión legislativa, provocada por la ausencia de diputados oficialistas y aliados, dejó sin aprobar proyectos de infraestructura cruciales, como el financiamiento para el tren eléctrico. Esta situación genera incertidumbre sobre la capacidad del nuevo gobierno para avanzar en su agenda de desarrollo, a pesar de que la presidenta electa Laura Fernández había priorizado estos proyectos. La inacción legislativa en este ámbito podría tener repercusiones significativas en el desarrollo económico y la modernización del transporte del país.

El Poder Ejecutivo vetó un proyecto de ley que buscaba descongelar el ajuste por inflación de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, afectando a 30,000 pensionados. La decisión, justificada por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad fiscal, genera un debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas frente a las necesidades de los jubilados, y pone de manifiesto la tensión entre la regla fiscal y el bienestar social.